domingo, 26 de noviembre de 2017



¡Fuera ya de Venezuela la embajada gringa!
Carlos E. Lippo




Entre nosotros, los latinoamericanos y caribeños, existe un viejo chiste que lamentablemente no ha dejado aún de tener actualidad; palabras más palabras menos, el chiste dice así: “¿Por qué nunca habrá un golpe de estado en Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna embajada de EE.UU.”. Y es que la comprobada participación directa de las respectivas embajadas norteamericanas en el derrocamiento de regímenes que no les eran afectos en países como Irán (1953), Guatemala (1954), Vietnam del Sur (1963), Grecia (1967) y Chile (1973) son tan solo unos pocos ejemplos demostrativos de cuan acertado y pertinente es el citado chiste.

Tan es así que no le resta validez el hecho de que algunas de las embajadas en ocasiones se hayan dedicado a  actuar de manera indirecta, haciendo uso de alguna de las “agencias mampara” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dependientes del Departamento de Estado, tales como la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos), uno de cuyos primeros “logros” fue el derrocamiento en 1964 del entonces presidente del Brasil, Joao Goulart, un militante del socialismo cuya elección había tratado de impedir infructuosamente dos años antes, dando paso a una feroz dictadura militar que se prolongó por casi veinte años.

Otros “logros notables” de las embajadas norteamericanas a través de la USAID son: la preparación del golpe de estado que derrocó al presidente José Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, y más recientemente la promoción de las cruentas acciones terroristas desarrolladas en Ucrania  desde la Plaza Maidán, que culminaron con el derrocamiento del presidente Víctor Yanukóvich en febrero de 2014. Plenamente demostrativas de la activa participación de la embajada norteamericana en este caso, son unas declaraciones de Victoria Nuland, asistente del secretario de estado gringo, a su regreso de Ucrania en diciembre de 2013, según las cuales ellos habían invertido 5.000 millones de dólares en la promoción de tales eventos (1).

No obstante, a pesar de su manifiesta falta de escrúpulos y de las ingentes cantidades de dinero que maneja con muy escaso control por parte de las instancias correspondientes del gobierno norteamericano, la USAID dista mucho de ser una organización omnipotente o infalible en el logro de sus nefastos propósitos, estando a la vista sus estrepitosos fracasos en la generación de cambios de gobierno en países dignos y renuentes a acatar los dictados del imperio, como lo son Bolivia, Cuba, Ecuador, Irán, Nicaragua, Siria y Venezuela, en los que lleva años promoviendo acciones desestabilizadoras de diferentes naturalezas y alcances.

Pero no es la USAID la única agencia gringa que actúa como mampara de la CIA bajo los auspicios del Departamento de Estado y sus diferentes embajadas; su actuación estaba siendo tan descarada y evidente en los distintos escenarios en los cuales se desempeñaba que, por presiones de su propio Congreso y con esa habilidad que tienen los gringos para mezclar lo privado con lo público, creando engendros de naturaleza indefinida, cuando de defender al capitalismo salvaje se trata, se vieron en la necesidad de crear a comienzos de la década de los ochenta la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que es una agencia gubernamental, adscrita como la USAID al Departamento de Estado, con financiamiento del gobierno federal, aunque  es administrada por una organización privada.

Adscritos a la NED, para representarla en sus respectivas áreas de competencia, fueron creados: el Centro para Iniciativas Privadas Internacionales (CIPE), en el área económica; el Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacionales (NDI), vinculado al Partido Demócrata y el Instituto Republicano Internacional (IRI), vinculado al Partido Republicano, en el área política; el Centro Americano para la Solidaridad Laboral (ACILS), creado por la AFL-CIO, que es el equivalente gringo de la extinta Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), protagonista de primera línea en el golpe de estado de 2002 y el paro sabotaje petrolero de 2002-2003, en el área sindical; y quien podrá saber cuántos otros esperpentos destinados a imponer a nivel mundial, la voluntad del gobierno norteamericano y la de las grandes corporaciones privadas que lo manejan y le dan sustento, bajo las directrices de la inefable CIA y quien sabe cuáles otras agencias de inteligencia del imperio. El derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, primer presidente de Haití electo democráticamente, en 1991 y la derrota del Comandante Daniel Ortega, el mismo año, en elecciones de dudosa legitimidad, regidas por un sucedáneo nicaragüense del SUMATE de María Corina Machado aquí en Venezuela, se encuentran entre los mayores logros de ese entramado de organizaciones de la NED, ejecutoras también del presupuesto de la USAID (2).

Entrando ya de lleno en el tema que nos ocupa debemos comenzar por decir que la embajada de EE.UU. en Venezuela está ubicada en la urbanización “Colinas de Valle Arriba”, una exclusiva y lujosa zona del sureste de Caracas, cercana al escenario principal de las cruentas acciones terroristas protagonizadas por la contrarrevolución entre febrero y mayo de 2014 y de abril a julio de este 2017. Teniendo como sede física un moderno edificio de unos 8.000 m2 distribuidos en 5 niveles superficiales y un gigantesco bunker subterráneo, todo ello localizado sobre una parcela de unos 110.000 m2 (3), engalanada con una gigantesca bandera norteamericana, visible en lo alto desde una gran extensión del este capitalino, para indignación de todos los revolucionarios. Todas las agencias oficiales del Gobierno estadounidense mantienen sus oficinas dentro de la embajada, ya que desde el año 2005, el gobierno revolucionario no ha permitido a la DEA ni a la Misión Militar de EEUU ocupar espacios dentro del territorio venezolano. Desde allí también operan la USAID y la NED, ambas ilegales en Venezuela por no existir ningún convenio al respecto, así como también la Oficina de Asuntos Públicos e Información, el programa de becarios Fulbright, el Buró de Cultura y Educación y quién sabe que otros engendros de dominación gringos.

La participación del Departamento de Estado y por ende de la embajada norteamericana en Venezuela, en el golpe de abril de 2002 es un hecho comprobado que fue debidamente sustanciado en un documento de denuncia presentado por el gobierno revolucionario ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en marzo de 2004 (4), sin obtener resultado alguno.


A quienes aún pudiesen tener dudas sobre el grado de involucramiento de la embajada gringa en Venezuela en la conspiración continuada tendiente a acabar con la Revolución Bolivariana les recomiendo tomar en consideración la existencia de un informe cifrado enviado por el entonces embajador William Brownfield, desde la propia embajada, en noviembre de 2006, en el cual detalla cómo docenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) reciben financiamiento del gobierno norteamericano por intermedio de la USAID y de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI).

En dicho informe, el embajador, que fue enviado a Venezuela ante el fracaso del golpe de abril de 2002 con el objetivo de unificar en un solo bloque a la dirigencia opositora y a las 400 corporaciones estadounidenses con presencia en el país, para crear un ambiente propicio para el derrocamiento del gobierno bolivariano, proponía la siguiente estrategia: fortalecer a las “instituciones democráticas”; infiltrarse en la base de la política de Chávez; dividir el chavismo; proteger negocios vitales para los EE.UU.; y aislar a Chávez internacionalmente. Siendo oportuno y necesario señalar que tal informe, fue divulgado apenas en abril de 2013, como producto de un trabajo de contrainteligencia y de desclasificación de archivos secretos por parte de Wikileaks (5).
Pero es más, en agosto del presente año el secretario de estado Rex Tillerson, anunció a la prensa que: "… las agencias de Inteligencia de Estados Unidos estaban estudiando la forma de obligar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a abandonar el poder… ", es decir, en medio de su prepotencia ha dicho impúdica y alevosamente que Washington está preparando un nuevo golpe de estado en Venezuela (6).

Estimo que el imperio ha gastado un poco más de mil millones de dólares para financiar a la contrarrevolución en Venezuela. Se incluyen en ese monto desde los aportes directos del Departamento de Estado a voceros de la oposición, hasta las inyecciones de divisas a organizaciones fachada que operan en el país, pasando por los aportes recibidos de parte de partidos políticos y fundaciones en Europa, que son canalizados a través de la propia embajada; siendo oportuno señalar que tales aportaciones de dinero han pasado a configurar una actuación explícitamente delictiva en Venezuela, con arreglo a los Artículos 4 (Financiamiento) y 5 (Donaciones) de la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional”, sancionada por la Asamblea Nacional en fecha 21 de Diciembre de 2010 (7).

Es así que podemos decir que lo que le ha sobrado a la contrarrevolución son ingresos, la mayoría de ellos en divisas extranjeras, al punto de que ser opositor en Venezuela ha pasado a ser desde hace algún  tiempo uno de los más lucrativos negocios. Una contundente prueba de ello es el caso de Julio Andrés Borges Junyent, presidente de la Asamblea Nacional en desacato, quien siendo un simple abogado en ejercicio, típico exponente de nuestra clase media profesional, ha pasado a tener grandes cuentas bancarias en dólares y euros, como puede apreciarse en el extracto del HSBC, cuya copia se muestra en el artículo reseñado en la referencia distinguida con el número (8).

Es por ello que ha causado auténtico terror en el seno de la maltrecha, dividida y profundamente ineficaz contrarrevolución venezolana una reciente orden ejecutiva de su amo Trump, que aunque emitida en marzo del presente año sólo ha entrado en vigor desde el 1° de octubre, consistente en una reducción del presupuesto de la USAID, que sólo recibirá en el 2018 el 60 % de los fondos recibidos durante el presente año; decisión que Andrew Natsios, ex director de USAID calificase como “desastre a largo plazo” (9).

Aunque algunos han querido ver en esta decisión imperial según la cual además no se asignarán fondos a la USAID en Venezuela, un retiro del país de la inefable agencia y por ende una reducción de la injerencia de la embajada gringa en nuestras decisiones, nosotros preferimos creer que habrá de tratarse de lo contrario, esto es, que habrá de producirse un incremento de la injerencia y de las actividades hostiles que ahora habrán de correr por cuenta directa de la CIA y el Comando Sur.

La más reciente de las actividades injerencistas de la embajada gringa en Caracas es una solicitud de otorgamiento de acceso consular formulada por el encargado de negocios en favor de cinco altos funcionarios corruptos de nuestra empresa CITGO (filial de PDVSA que opera en territorio de EE.UU), alegando su supuesta nacionalidad estadounidense. En efecto, con la prepotencia y la estupidez que les es característica, el citado funcionario ha señalado: “… pedimos al Gobierno venezolano que lo haga de inmediato de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones consulares” (10), “olvidándose” muy convenientemente de que se trata de ciudadanos venezolanos por nacimiento que a lo sumo estarán detentando una doble nacionalidad, y que lo sustancial del asunto es que han sido imputados y privados de libertad por el Ministerio Público en virtud de la presunta comisión de hechos punibles en contra del estado venezolano, entre ellos la negociación inconsulta de un financiamiento altamente lesivo a los intereses de la empresa que en caso de haber ser sido concertado pondría en grave riesgo su solvencia financiera, de manera que a muy breve plazo pasaríamos a encontrarnos en vías  de perder esta importantísima empresa petrolera nacional, ante la eventualidad de que pudiese ser totalmente embargada por los acreedores extranjeros (11).

Resulta casi evidente que a estas alturas del juego no se trata entonces de exigir la salida del petulante encargado de negocios de la embajada gringa; en casi dieciocho años de revolución pasan ya de la docena los espías y agitadores gringos con falso rango diplomático, tanto civiles como militares, que hemos tenido la necesidad de expulsar del territorio nacional tratando de preservar la integridad de nuestro territorio y el respeto a nuestro pueblo que se reafirma cada vez más en su decisión de ser libre y soberano, sin que ello se haya traducido en nada positivo. Inclusive el propio embajador Brownfield, al ser  acusado por el gobierno de Hugo Chávez de interferir en los asuntos internos de Venezuela en el año 2007 fue retirado casi en forma inmediata para evitar su expulsión, pero su sucesor Patrick Duddy, como era de esperarse mantuvo la misma política injerencista que ha demostrado ser una auténtica política de estado desarrollada a su turno por cada uno de los exponentes del bipartidismo norteamericano. Se trata entonces, a juicio mío, de cortar por lo sano y ordenar la salida de todo el personal de la embajada norteamericana de una buena vez, ya que para mantener el nivel de relaciones que existe y que es necesario mantener con el imperio, estimo que es más que suficiente con una “Oficina de Intereses” al estilo de la que por muchísimos años sirvió para mantener las precarias relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Ya para finalizar quiero señalar que basta de seguir intentando costosísimas gestiones diplomáticas en procura del reconocimiento del Gobierno Revolucionario, la mayoría de ellas realizadas a través de CITGO, puesto que considero que la política de Washington hacia Venezuela fue decidida hace muchos años y es una política irreversible. Así como nunca reconocieron a Hugo Chávez como el presidente legítimo que fue, tampoco han reconocido ni reconocerán a Nicolás Maduro. Las múltiples sanciones impuestas sin motivos contra altos funcionarios del Gobierno Revolucionario, así como contra el propio estado venezolano demuestran que Washington no tiene vuelta atrás en su política de asfixia económica hacia Venezuela y es un hecho que seguirán promoviendo, financiando y coordinando a la contrarrevolución nacional y extranjera en procura de acabar con la Revolución Bolivariana.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!


Caracas, noviembre 26 de 2017

domingo, 12 de noviembre de 2017



¡A recuperar para ambos pueblos los territorios usurpados por Colombia!
Carlos E. Lippo




Como es sabido por muchos, el “Utis Possidetis Juris” (del latín: "como poseías de acuerdo al derecho, poseerás"), es un principio del derecho internacional en virtud del cual los estados conservan el territorio poseído hasta antes de su independencia, con el objeto de asegurar que las fronteras puedan mantener los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales se originaron.

Con arreglo a este principio la constitución venezolana de 1830, promulgada una vez desintegrada “La Gran Colombia”, establecía que el territorio del Estado de Venezuela, nombre que se daba por aquellos días a la actual República Bolivariana de Venezuela, comprendía todo aquel que hasta 1810 se denominó Capitanía General de Venezuela, entidad territorial creada por el imperio español en 1777, separándola del virreinato de Santa Fe  o de la Nueva Granada y adscribiéndola judicialmente a la Real Audiencia de Santo Domingo hasta la creación de la Real Audiencia de Caracas en 1786.

El territorio de la Capitanía General de Venezuela que alcanzaba en 1777 a unos 2.500.000 Km2, ha sido objeto de grandes despojos por parte de los más ruines imperios del siglo XIX (el británico, el holandés, el portugués y el brasilero), y hasta del mismísimo imperio español, autor del laudo arbitral de 1891, descarada e impúdicamente favorable a Colombia, como resultado de los cuales la superficie del territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela alcanza apenas a 916.445 Km2. El despojo perpetrado por el imperio español en favor de Colombia, por medio del laudo arbitral de 1891, constituye  el objeto de este artículo; de los despojos perpetrados por los otros imperios habremos de ocuparnos en posteriores notas.

Antes de entrar a analizar en detalle los diferentes intentos por delimitar la frontera con Colombia, que con arreglo al mismo principio de derecho internacional indicado antes, debería poseer sólo el territorio del antiguo virreinato de Santa Fe, es necesario señalar que, tal como se muestra en el mapa anexo, la Capitanía General de Venezuela se extendía por el noroccidente desde el cabo La Vela, en la península de la Guajira; por el suroccidente, más allá del Orinoco, abarcando los territorios de Casanare, Arauca, Vichada y Guainía; y por el sur hasta el Rio Negro. Siendo oportuno resaltar que dicho mapa, a pesar de su simplicidad, muestra de manera incontrovertible dos hechos de suma importancia, tales hechos son: que la península de la Guajira, en el extremo noroeste, pertenecía íntegramente a la Capitanía General de Venezuela; y que las fronteras del virreinato de Santa Fe distaban de la orilla occidental del río Orinoco una distancia de consideración, aun en el punto en el que éste, que es el tercer río más caudaloso  del planeta (1), vira en dirección noreste enfilándose en busca de su desembocadura en el océano Atlántico.

Al separarse Venezuela de la Gran Colombia quedaba pendiente la definición de: los linderos con la Nueva Granada (actual Colombia); la navegación de los ríos cuyos cauces o caudales eran del interés binacional; y la carga de la deuda pública común (2). La negociación para un convenio sobre dichas cuestiones corrió a cargo de Santos Michelena por Venezuela y Lino de Pombo por la Nueva Granada. El proyecto del tratado Michelena-Pombo concluido el 14 de diciembre de 1833, que entre sus aspectos fundamentales definía el inicio de  la frontera norte en cabo de Chichivacoa, en el lugar del cabo de La Vela, y mantenía la frontera sureste a considerable distancia de la orilla occidental del Orinoco, no fue ratificado por el congreso venezolano de la época por estimar que al no iniciarse la frontera en el cabo de La Vela, Venezuela resultaba despojada de 62 millas de costas marítimas y de una gran porción de la península de la Guajira. Hubo quienes dijeron en Venezuela, con esa actitud irresponsable y conciliadora que tanto daño nos ha causado, que el congreso de la época cometía un gran error al no suscribir este proyecto de tratado; por el contrario, nosotros decimos que hubiera sido irresponsable y hasta criminal entregar unos territorios que aparecen plenamente identificados en los documentos según los cuales Carlos V, aquel emperador felón que para pagar unas deudas de juego contraídas con los banqueros alemanes de la Casa Welser, les dio la exclusividad para la conquista y colonización de la provincia de Venezuela, cuyo territorio se definía claramente entre el cabo de la Vela, al occidente y Maracapana al este, en fecha tan remota como el año 1528 (3).

En 1844 se reanudan las negociaciones limítrofes pero ya Colombia, en flagrante desconocimiento de los títulos españoles que acreditan los límites de la antigua Capitanía General de Venezuela, había abandonado el enfoque del proyecto Michelena-Pombo y pretendía que por el sur su territorio llegase hasta el Orinoco, corriendo en ángulo hacia el río Meta.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y en gesto de suprema irresponsabilidad e ingenuidad por parte de nuestro gobierno de la época, en 1886 se acepta la mediación de la corona de España. Cuando digo responsablemente que fue en gesto de suprema ingenuidad lo hago basado en que sería altamente improbable que la corona española no tomase retaliación en contra de Venezuela por el hecho de haber sido el ejército venezolano el que derrotó al más formidable ejército que ella enviase a América, al mando del “Pacificador” Pablo Morillo, vencedor en dos oportunidades del ejército napoleónico invasor de la península.

Como era de esperarse, el laudo español sobre la materia, publicado en 1891, acoge todas las propuestas colombianas y define una línea fronteriza coincidente con ellas en toda su extensión. Resulta imposible dejar de considerar que esta decisión se haya producido como contraprestación al apoyo diplomático colombiano a la pretensión española de conservar sus colonias americanas de Cuba y Puerto Rico y en retaliación por la acusación de que Venezuela favorecía la independencia de dichos territorios (4).

Para aplicar el laudo español fue designada en 1898 una comisión mixta colombo-venezolana que sobre el terreno fijaría los hitos correspondientes. La dichosa comisión se atribuyó con frecuencia facultades que no le correspondían y en prueba de ello podemos citar un caso gravísimo, como lo es el que ante la dificultad para ubicar en la península de la Guajira el sitio denominado “Mogote de Los Frailes”, la misma, de manera inconsulta y sin fundamentos legales, estableció la línea divisoria a partir de Castilletes.

En 1916 la demarcación de la frontera fue sometida al arbitraje del Consejo Federal Suizo, el cual ratifica en 1922 la frontera definida en 1891.

El 5 de abril de 1941 el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, firma con el presidente de Colombia, Eduardo Santos, el vigente tratado de límites, basado íntegramente en el laudo suizo de 1922, que a su vez ratificaba el laudo español de 1891. El citado tratado consagra el despojo de un territorio que hemos estimado como no menor de 300.000 Km2, constituido con al menos gran parte de los actuales departamentos de La Guajira y El Cesar, al noreste colombiano; del Norte de Santander y del Arauca al centroeste; así como de los departamentos de Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare, al sureste. Este inmenso despojo territorial se hace evidente con la simple comparación visual de nuestro mapa actual con el de la Capitanía General de Venezuela.



Como justificación para haber firmado tal esperpento a 30 días de tener que entregar el mando a su sucesor, el también general Isaías Medina Angarita, y sin haber sido aprobado aún por el congreso de Venezuela, el general López Conteras adujo que había recibido importantes amenazas de Colombia en el sentido de que estaba dispuesta a invadir los territorios en disputa y que el ejército venezolano de aquellos días no estaba en condiciones de combatir con el ejército colombiano. ¡Valiente general éste, que sin haber disparado un tiro entregó a Colombia tan importante porción del territorio patrio!

Como aspectos resaltantes de este acuerdo, con miras a poder juzgar apropiadamente ulteriores reclamaciones territoriales de Colombia, podemos señalar el hecho de que el mismo consagra que  todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas (artículo 1°) y que si bien otorga a Colombia una pequeña porción de costas sobre el Golfo de Venezuela, lo hace bajo el concepto de “costa seca”, según el cual a partir de la playa todas las aguas continuarían estando bajo la jurisdicción venezolana (5).

Muy poco tiempo respetó Colombia un tratado de límites que le era tan favorable ya que en 1952,  el buque insignia de su armada, la fragata "Almirante Padilla", incursionando ilegalmente en aguas venezolanas, inició unas supuestas pruebas de tiro de entrenamiento en las cercanías de los islotes de Los Monjes, de resultas de las cuales impactó a dos embarcaciones pesqueras venezolanas así como el territorio de uno de los islotes (6). Ante una no tan rápida pero efectiva respuesta armada venezolana la nave invasora se retiró, no sin antes haber puesto en riesgo inútilmente las necesarias relaciones cordiales entre ambas naciones. Siendo necesario señalar que en noviembre del mismo año el presidente encargado de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, ante un reclamo de Venezuela y después de consultar a sus asesores reconoció la soberanía de Venezuela sobre los mencionados islotes (7).

A pesar de lo anterior  y a pesar de haber aceptado según el tratado de 1941 que su porción de costa en Castilletes tenía el carácter de “costa seca”, Colombia siguió presionando para obtener soberanía sobre una parte de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela y es así como el 9 de agosto de 1987 la corbeta Caldas penetra en aguas territoriales venezolanas aduciendo que se encontraba en la Zona Económica Exclusiva de Colombia; después de varios días durante los cuales ambas naciones movilizaron sus tropas hacia la zona fronteriza de la Guajira y Castilletes, se retira en compañía de la corbeta Independencia, ante la manifiesta superioridad venezolana en materia de efectivos de tropa y sistemas de armas (8). ¡En aquella oportunidad se dijo en ambas naciones que habíamos estado a un pasito de ir a la guerra!

No está de más el decir que este inusitado interés de Colombia en unas aguas sobre las cuales había acatado, respetado, sostenido y admitido repetida y consistentemente  la soberanía venezolana al menos durante los 394 años que van desde 1528 a 1922 obedece a la intención de las transnacionales petroleras de ponerle la mano a las ingentes reservas de petróleo y gas natural yacentes en el subsuelo de esa región.

Aun no siendo un jurista, como todos mis lectores saben, soy capaz de reconocer que a pesar del tiempo transcurrido existen razones éticas y legales para denunciar el infausto tratado de límites de 1941. Entre las primeras podría mencionar que el tratado fue firmado por López Contreras sin contar con la aprobación del congreso que sólo se produjo semanas después, así como que el proyecto de tratado fue aprobado sin discusión alguna por parte del senado de la época y bajo el abuso de una mayoría antidemocrática en la cámara de diputados. Entre las segundas puedo señalar que se trata de un tratado que violaba la constitución de 1936, vigente en 1941, así como todas las constituciones vigentes desde aquella época, que consagran el carácter inalienable del territorio nacional.

No tengo duda de que han de existir numerosos y válidos argumentos de orden legal para denunciar el tratado, tomando en consideración que eminentes juristas venezolanos de la talla del Dr. Agustín Ascanio Jiménez y el Dr. Aquiles Monagas introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia, en 1971 y 1974, sendas demandas de nulidad de la ley aprobatoria del mismo firmada el 18 de junio de 1941 (9). Por tal motivo solicito respetuosamente a la Asamblea Nacional Constituyente, por esta vía, se sirva exhortar al Tribunal Supremo de Justicia, a sentenciar sin más dilación sobre el fondo de este asunto.

Tengo la firme convicción de que Venezuela ha salido perjudicada en los tratados de límites con Colombia, todos ellos celebrados a espaldas de ambos pueblos, porque  así  convenía  a  los  distintos  sectores oligárquicos de los dos países.

Por ello, cuando estoy proponiendo la denuncia del tratado para intentar recuperar nuestros territorios usurpados no me anima ningún interés crematístico; me anima sólo el intentar promover un rico proceso de discusiones con participación popular en ambas naciones, que pudiese conducir a lograr establecer el uso y usufructo de esos territorios por parte de los preteridos de siempre, de ambos lados de la actual línea fronteriza.

Considero que el planteamiento anterior es mucho más que una utopía deseable, a partir del hecho plenamente comprobable de que en nuestro país conviven con nosotros más de 6 millones de hermanos colombianos, de los cuales 4,5 millones detentan además la nacionalidad venezolana por naturalización, que les fuese otorgada generosamente por esta Revolución.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!


Caracas, noviembre 12 de 2017