miércoles, 24 de enero de 2018

Sin haber sido emitido aún, el Petro tiene a la burocracia imperial en estado de desesperación
Carlos E. Lippo

“Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle.
 Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación, inevitablemente chocará con el imperio norteamericano”
Hugo Rafael Chávez Frías




La designación del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial fue una de las  resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire, Estados Unidos), entre el 1 y el 22 de julio de 1944; siendo oportuno señalar que en aquel entonces Naciones Unidas era sólo un grupo de naciones cuyos gobiernos habían suscrito en 1942 una declaración que les comprometía a luchar juntos en contra de las “Potencias del Eje” (Alemania, Italia y Japón), en el marco de la II Guerra Mundial.

Se trató de una designación que impuso el gobierno gringo con una gran facilidad haciendo uso de sus habituales maniobras chantajistas e intimidatorias, aunque basándose en los siguientes hechos: EEUU poseía para esa época un 80 % de las reservas de oro del mundo y estaba próximo a emerger de la guerra convertido en una gran potencia industrial a la que las “Potencias Aliadas” debían ingentes sumas de dinero por concepto de compra de armamentos; las potencias de la Europa Occidental estaban todavía inmersas en el conflicto bélico del cual salieron totalmente desangradas; la mayor parte de los 44 participantes eran países latinoamericanos, la inmensa mayoría de ellos altamente permeables a la influencia y el control de Washington por aquellos días; y finalmente, una cantidad importante de naciones que todavía eran colonias europeas no pudieron participar directamente sino a través de sus respectivas metrópolis, como por ejemplo India, que participó representada por Inglaterra. A todo esto habría que agregar que dicha designación no fue ratificada posteriormente por la URSS, los países del bloque socialista y China, que se retiró de la conferencia tras el triunfo de su revolución en 1949.

La designación exigía que el dólar estuviese respaldado por oro así como también su libre convertibilidad a razón de 35 dólares por cada onza (28,35 gr.) del precioso metal, lo que se llamó “el estándar internacional de oro” o “patrón oro”, aplicable a las divisas de todos los países firmantes para poder establecer su paridad en relación con la moneda estadounidense.

En 1971, obligado por el hecho de haber gastado la casi totalidad de las reservas de oro, a consecuencia de los gastos generados por las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1955-1975) y apegado a la inveterada costumbre de incumplir los acuerdos suscritos, el imperio, en cabeza de su presidente de turno el inefable Richard Nixon, decide dejar de respaldar el dólar con oro. Poco después suscribe un convenio con Arabia Saudita, que era ya el primer exportador mundial de petróleo, para que sólo aceptase dólares americanos en pago por la venta de sus hidrocarburos. Dicho convenio, sugerido por otro de los inefables, el secretario Kissinger, contemplaba por otra parte, el suministro de armas, asesoría militar y defensa del corrupto régimen monárquico saudí, ya desde aquel entonces uno de los mayores violadores de los derechos humanos en este planeta.

Posteriormente en 1975, por razones de desconfianza hacia los otros miembros, todos las naciones integrantes de la organización de países exportadores de petróleo (OPEP), de la cual formamos parte en calidad de miembro fundador, que a la sazón contaban con más del 81% de las reservas mundiales de petróleo, decidieron suscribir el mismo convenio, con lo que quedó conformado el sistema petrodólar (1). Sistema absurdo y aberrante que fuerza a todos los países del planeta a vender y comprar todo su petróleo en dólares, creando una demanda internacional artificial por el dinero de los Estado Unidos.

Antes de comenzar a entrar en materia es oportuno y conveniente señalar que el 25 de agosto de 2017, el impresentable Donald Trump, basándose en la Orden Ejecutiva # 13692 del 8 de marzo de 2015, suscrita por Barack Hussein Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU, emitió la # 13808 contentiva de una serie de sanciones de carácter financiero que en opinión de Peter Koening (2), economista y analista geopolítico de origen estadounidense, ex funcionario del Banco Mundial, son las más amplias sanciones económicas de la historia, son representativas de una guerra financiera directa que prácticamente paralizaría a Venezuela y constituyen además un crimen de guerra, ya que ponen en peligro y amenazan las vidas del pueblo venezolano.

Aunque de una manera general y ambigua las sanciones aprobadas sólo pretenden bloquear el acceso del estado venezolano y la empresa estatal PDVSA a nuevas fuentes de financiamiento en dólares; bloquear todas las operaciones con dos títulos valores (bonos) emitidos legalmente por PDVSA; e impedir la percepción de los dividendos resultantes de las operaciones de su filial CITGO en territorio estadounidense, en la práctica se trata, con arreglo al sistema monetario occidental que hemos descrito al comienzo del artículo, de excluir a Venezuela de toda transacción financiera internacional así como de un bloqueo  bancario total contra PDVSA, imposibilitando las transacciones directas de hidrocarburos.
Las referidas sanciones, motivadas sin duda alguna por la formidable derrota que juntos, gobierno y pueblo revolucionario, propinásemos a la contrarrevolución al lograr elegir a los miembros de nuestra Asamblea Nacional Constituyente (ANC), poniendo fin así a la cadena de acciones terroristas que iniciasen a comienzos de abril, se han constituido en un arma terrible en el marco de la actual guerra económica, que ha servido para boicotear nuestras compras de alimentos, medicinas e insumos varios de primera necesidad para consumo de nuestro pueblo, con la anuencia de no pocos gobiernos cipayos como los de Colombia, España y Portugal, al mismo tiempo que ha logrado establecer un férreo bloqueo financiero con la ilegal complicidad de toda la banca occidental, habiendo servido para inducir un impago (default) de los intereses de algunos títulos valores de PDVSA, a pesar de que dicha empresa ha transferido los fondos en dólares necesarios para cumplir tales compromisos.

Como primera respuesta a estas sanciones nuestro gobierno decretó el día 7 de septiembre un conjunto de medidas de carácter económico-financiero entre las cuales destaca la salida del sistema petrodólar; en palabras del propio presidente Maduro: “Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va crear una canasta de monedas para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento como el yuan (moneda de China), el euro, el yen (moneda de Japón), la rupia (moneda de India) y las monedas internacionales para liberar de las garras del dólar como moneda opresora” (3). A la fecha actual esta medida ha alcanzado plena vigencia y la cotización de nuestro barril de petróleo se está expresando en yuanes, habiendo contribuido a hacer posible su implantación el hecho de que más del 60 % de nuestro petróleo de exportación está dirigido a países asiáticos, China e India fundamentalmente.

Otra medida destinada a contrarrestar los terribles efectos de las sanciones, dotada además de un importante carácter ofensivo, es la creación de la criptomoneda (criptoactivo o criptovalor) venezolana denominada el Petro, que anunciase el presidente Maduro el pasado 03 de diciembre (4), la cual habrá de estar respaldada en primera instancia por nuestras reservas petroleras certificadas y posteriormente por nuestras reservas en oro, diamantes y minerales estratégicos, en vías de su certificación, teniendo como base institucional, política y jurídica al Observatorio del Blockchain de Venezuela, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que está integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas en las áreas de tecnología, economía y finanzas, legal, área monetaria y mediática.

La medida está destinada también a contrarrestar los efectos nefastos del portal www.dolartoday.com, que desde Cúcuta y Miami ha tenido éxito en posicionar una tasa cambiaria ilegal que el pasado año se incrementó en un 3.315 %, sin ninguna basamento macroeconómico que la sustente, pero que al ser asumida como real por el sector privado suministrador de bienes y servicios en el país, ha sido la principal  causa de una inflación fundamentalmente inducida estimada en un 2.000 %, que lejos de estabilizarse está aumentando de forma exponencial en lo que va del año 2018.

El anuncio de la creación del Petro ha sido recibido con los mejores auspicios por especialistas de talla internacional en el área de criptomonedas; tal es el caso del connotado economista estadounidense Max Keiser, conductor del famoso programa Keiser Report que transmite Russia Today, quien expresó en una serie de mensajes en su cuenta Twitter @maxkeiser, conceptos tales como: que la iniciativa de una criptomoneda es una buena forma de luchar contra el imperialismo estadounidense que ahoga la economía venezolana; que con este anuncio el presidente Nicolás Maduro dio un paso gigantesco para consolidar una innovadora herramienta financiera que no permitirá injerencia alguna en la captación de capitales y en el intercambio comercial; y el más auspicioso de todos: “La necesidad es la madre de la invención. Venezuela trata de superar la hiperinflación con una nueva –y esperemos que deflacionaria, si lo hacen bien – criptodivisa: el “Petro”. Como inventor y pionero en criptomonedas y monedas digitales, brindo todo mi apoyo a esta iniciativa y animo a que otros hagan lo mismo(5).

Entendiendo que los detalles técnicos más específicos relativos a la nueva criptodivisa escapan del alcance de un artículo como éste, sin embargo consideramos oportuno señalar lo siguiente:

·         Según decreto del presidente Maduro, de fecha 27 de diciembre de 2017 (6), el Petro estará respaldado inicialmente por los 5.342 millones de barriles de petróleo no desarrollado, originales en sitio, del Bloque Ayacucho 1, Área Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez, que a precios actuales representan una cantidad del orden de los 270 mil millones de dólares.

·         El Presidente Maduro en Consejo de Ministros del 5 de enero pasado decretó la emisión de un total de 100 millones de criptomonedas Petro (7), con un valor total estimado del orden de los 5.400 millones de dólares.

·         El Superintendente de Criptoactivos de Venezuela, Carlos Vargas, declaró el pasado 7 de enero, entre otras cuestiones, que: la moneda digital que impulsa al estado, el Petro, será lanzada al mercado a través de una Oferta Inicial de Monedas (ICO); el Petro funcionará igual que cualquier criptomoneda, siendo 0,10 Petro la menor cantidad que podrá ser adquirida; y cada Petro podrá ser canjeado a través de las casas de cambio virtuales, “pero además de eso, va existir muchos comercios prestadores de bienes y servicios donde se va a poder ir con su Petro o cualquier criptomoneda a intercambiarla” (8).

En relación a la factibilidad técnica de éxito del Petro, no son pocos los connotados economistas venezolanos que se han manifestado de manera totalmente favorable, Tony Boza (9) y Juan Carlos Valdez, entre ellos. Considero sin embargo que el mayor indicio de que nuestra criptomoneda habrá de satisfacer plenamente los objetivos que le han sido encomendados, lo provee el hecho de que el pasado 9 de enero los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) en desacato (10), cuyos actos tienen nulidad absoluta, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sumiso acatamiento de las órdenes impartidas desde el imperio, decretaron su ilegalidad.

Por otra parte, el carácter evidentemente absurdo de los 5 más comunes argumentos que han presentado sus detractores para atacarlo: que su adquisición estará sujeta a sanciones, como si las transacciones con criptovalores no fuesen anónimas; que es un instrumento de Maduro, como si no se tratase de una de las más de 1.600 criptomonedas existentes en la actualidad; que son simples bonos (¿!); que se trata de una burbuja especulativa, como si no estuviese respaldado por un activo físico de alto valor actual y además en sostenido ascenso; y que compromete nuestras reservas internacionales de petróleo, como si éstas no fuesen y con mucho las mayores del planeta, no hay duda de que asignan al Petro una inmensa factibilidad de éxito.

Dos hechos públicos, notorios y comunicaciones ocurridos en el imperio la semana pasada, son los que nos conducen a sostener que la prevista emisión del Petro tiene a la burocracia del imperio en estado de profunda desesperación; tales hechos son:

·         Una notificación emitida por el departamento del tesoro gringo el día 16 (11), que con el apoyo de  una débil y falaz interpretación del texto de la sanciones de las cuales hablásemos al comienzo de este artículo y dejando de lado el hecho evidente de que las transacciones con criptomonedas son anónimas, por lo que escapan al control de las autoridades monetarias y de la banca, advierte amenazadoramente a sus ciudadanos que “podrían exponerse a riesgos legales”, e incluso ser perseguidos legalmente en virtud de las sanciones impuestas a Caracas.

·         El envío al departamento del tesoro gringo de una correspondencia suscrita por los senadores de origen latinoamericano Marcos Rubio (republicano) y Bob Menéndez (demócrata), enemigos irreconciliables de la revolución bolivariana, que con peores argumentos aun, solicitan las sanciones preanunciadas en la notificación antes mencionada  (12), como si no tuviesen asuntos más urgentes que resolver en favor del pueblo estadounidense, como sería el evitar el cierre técnico del gobierno federal, que de hecho se produjo al día siguiente, fecha del primer aniversario del gobierno de Trump, por décimo sexta vez (13).

Llegando al final de estas notas, debo decir que en Venezuela todos los revolucionarios tenemos plena conciencia del inmenso riesgo que estamos corriendo al no sólo no habernos doblegado ante las sanciones, sino al haber diseñado y puesto en marcha la implementación de medidas destinadas a contrarrestarlas, puesto que tales medidas no son sólo defensivas sino que representan también un importante ataque a su ya débil signo monetario, carente de todo respaldo real. No hay que olvidar que todavía están presentes los escenarios de completa destrucción generados por el imperio en Irak y Libia ante los solos anuncios de sus valientes líderes, Sadam Hussein y Mohamad Gadaffi, de que pretenderían liberar a sus naciones de la tiranía internacional del dólar. Tal riesgo lo asumimos todos plenamente; lo que ocurre es que en nuestra patria en verdad hemos decidido ser libres.

Una prueba de que este riesgo es real e inminente lo constituye el contenido de un artículo titulado “Colapso en Venezuela y su impacto en la región” , escrito por R. Evans Ellins, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los EEUU, publicado hace poco en la edición trimestral de la revista "Military Review". Con la mayor impudicia, el autor sostiene que las acciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro “han demostrado que es poco probable que la crisis política y económica de Venezuela se resuelva mediante procesos democráticos”, añadiendo seguidamente que su gobierno debe considerar “el despliegue de fuerzas de mantenimiento o de imposición de la paz en caso de que la evolución de la crisis y las posiciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permitan tal acción” y precisando que las labores militares en el país no deben pasar por "una intervención militar directa en territorio venezolano a no ser para eliminar algunas capacidades ofensivas que se emplean contra los vecinos de Venezuela” . ¡Más claro, imposible!

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
celippor@gmail.com
Caracas, enero 24 de 2018


jueves, 18 de enero de 2018

Curazao, Aruba y Bonaire, tres tristes peones al servicio del imperio en su guerra contra Venezuela
Carlos E. Lippo

“La ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer”
Simón Bolívar en carta al Coronel Vicente Aguirre fechada en Pativilca, Perú, el 9 de enero de 1824 (1)




Como muchos habrán de saber, Curazao, Aruba y Bonaire son tres islas del Caribe Sur Occidental, situadas a muy escasa distancia del territorio continental de la República Bolivariana de Venezuela, siendo las distancias aproximadas de ellas a las costas del estado Falcón, de 50 Km., 25 Km. y 90 Km., respectivamente.

Desde su temprano avistamiento por Alonso de Ojeda en 1499 y como consecuencia del sometimiento violento de sus pobladores originarios, los pacíficos aborígenes Caquetíos, integrantes de la etnia de los Arahuacos, pasaron a ser colonias del reino de España, siendo parte integrante de la entonces Provincia de Venezuela. Dado que entre los años de 1634 y 1636 fueron conquistadas a sangre y fuego por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, pasaron entonces a ser colonias del Reino de los Países Bajos; a raíz de ello, la reducida población de colonos españoles y casi toda la población de los aborígenes Arahuacos, que se negaron a jurar obediencia a los monarcas de dicho reino, fueron expulsados de sus territorios habiendo tenido necesidad de refugiarse en las costas de Venezuela.

El estatus colonial se mantuvo sin modificaciones de importancia hasta 1986, en el caso de Aruba, y hasta el 2010, en el caso de Curazao; a partir de esas fechas ambas islas pasaron a ser territorios autónomos del reino de los Países Bajos, cuyo jefe de estado es el monarca holandés y cuyo jefe de gobierno es un primer ministro electo localmente; a pesar de ser todos territorios autónomos, Bonaire ha mantenido su estatus colonial, actualmente bajo la figura de un municipio especial que curiosamente tiene el dólar estadounidense, que no el euro, como su signo monetario a pesar de que Países Bajos es un estado integrante de la Unión Europea.

La naturaleza semiárida de estas islas, dotadas de muy escasas fuentes de agua, les ha determinado desde siempre una dependencia económica importante de Venezuela; dependencia que se vio acrecentada a partir de la tercera década del siglo XX, con la operación de las transnacionales petroleras que refinaban petróleo venezolano en Curazao (Royal Dutch Shell) y Aruba (Estándar Oil of New Jersey), llegando a ser éstas los principales empleadores en ambos casos. Así mismo, todas ellas han dependido y aún dependen de Venezuela para el suministro de especies vegetales frescas (legumbres, verduras y frutas) y para el suministro de la mayoría de los productos alimenticios de origen animal.

En la actualidad las principales actividades económicas de Curazao y Aruba son el turismo (procedente fundamentalmente de Venezuela y EEUU) y la banca extraterritorial (offshore), ambas actividades fuertemente penetradas por la delincuencia organizada transnacional; así como las actividades de refinación del petróleo procedente de Venezuela realizadas en dos refinerías operadas por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Adicionalmente, las propias autoridades de ambas islas conceden gran importancia económica a la actividad de las bases militares gringas enclavadas en sus territorios desde el mismo comienzo de este siglo: Hato Rey en Curazao y Reina Beatriz en Aruba; en prueba de lo cual podemos hacer mención de un comentario de la primera ministro de Curazao de la época, Susana Camelia-Römer, quien calculó los ingresos para las Antillas por este concepto, y en especial Curazao, en unos 25 a 30 millones de dólares anuales (2).   

En lo que respecta a Bonaire, pequeña isla con menos de 20.000 habitantes, el portal web de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) ha señalado: “…Bonaire es un destino popular turístico con 70,000 visitantes cada año y esto contribuye mucho a la economía. Otros desarrollos en este sector del país también incluyen la transferencia de petróleo y la producción de sal” (3). Una pregunta importante sería: si Bonaire no tiene yacimientos ni cuenta con instalaciones petroleras, ¿de dónde? y ¿cómo? obtiene el petróleo involucrado en tales transferencias.

Lamentablemente lo que ocurre es que el pretendido desarrollo económico de estas islas tiene un fuerte componente de “economía criminal” (narcotráfico, contrabando y trata de personas), como se desprende de otro comentario de la ex primera ministro Camelia-Römer, quien ha apuntado que otra de las ventajas de tener bases militares gringas en sus territorios es que ayudarían a sacar a las Antillas de la lista de países con posibilidades de ser descertificados, comentario suscrito también por el ministro de defensa de los Países Bajos, Frank de Grave (2). ¿Será acaso una mera casualidad el que en aquellos países en los que se establecen bases militares gringas se registra siempre un importante incremento de la llamada “economía criminal”?

En años recientes, una nueva e inusitada actividad económica ha cobrado gran importancia en Curazao y Aruba; se trata de una elevada exportación de cobre, oro y otros minerales, de los cuales dichas islas no poseen yacimiento alguno ni muestran registro de una actividad metalúrgica importante.  
En relación a lo anterior, es el caso que una lista que identifica a los exportadores de cobre que más rápido crecieron entre 2012 y 2016 coloca a Aruba en el séptimo lugar con 11,4 millones (846,9%) y Curazao en el noveno con 4,2 millones (674,8%) (4). Un trabajo de la periodista de Telesur Madeleine García apoyado en imágenes de Barcadera, el puerto que recibe a los contrabandistas en Aruba, así como de Daltra, una de las principales empresas procesadoras de cobre en la isla, muestra grandes cantidades de “chatarra” de cobre procedentes de Venezuela vía contrabando. Siendo oportuno señalar que otro trabajo de la misma periodista también ha documentado el contrabando de extracción de alimentos desde Venezuela hacia Aruba (5).

En el caso del oro, un dato aportado por el Observatorio de Complejidad Económica del MIT, publicado por el portal www.misionverdad.com (4), demuestra fehacientemente la existencia de contrabando de oro hacia Curazao al señalar que durante el lapso 2010-2015 ese país exportó 2.300 millones de dólares en oro, mientras que durante el mismo lapso declaraba haber importado sólo 2,28 millones de dólares, esto es, sólo una milésima parte de lo exportado. A no dudarse que Venezuela, poseedora de una de las más cuantiosas reservas certificadas de ese metal, es el país de procedencia de la mayor parte de ese cuantiosísimo contrabando.

La constante y desconsiderada desestimación, por parte de las autoridades locales de las islas así como de las del reino de los Países Bajos del cual ellas dependen en materia de relaciones exteriores y defensa, de las reiteradas denuncias de nuestro gobierno sobre este continuado contrabando de extracción de minerales, alimentos, gasolina y hasta de billetes venezolanos, desestimación que pone de manifiesto su complicidad con esos delitos al menos por omisión, es la razón por la cual el Presidente Maduro, en Consejo de Ministros, decretó el pasado 5 de enero el cierre de las vías de comunicación aéreas y marítimas, así como la suspensión de todo tipo de intercambio comercial de Venezuela con las islas de Curazao, Aruba y  Bonaire, por un período de 72 horas contadas a partir de ese momento (6).

Ante esa decisión soberana del gobierno revolucionario, el primer ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, al criticarlo desde la misma noche del 5 de enero, tuvo el tupé de señalar cínica y vergonzantemente: “Lamentamos ese anuncio porque no había contacto previo o conversaciones diplomáticas para ver qué podemos hacer conjuntamente para combatir el contrabando o tráfico de productos ilícitos como armas y drogas” (6).
Por su parte, aunque con retraso, el gobierno de Aruba reconoció la situación de contrabando y el daño que ocasiona a Venezuela; en efecto, la tarde del martes 9 de enero, en medio de la prórroga del decreto por 72 horas más, Evelyn Wever-Croes, primera ministra de la isla, anunció la prohibición de compra y venta de cobre procedente de Venezuela que no estuviese certificado (6).

El conflicto fue zanjado el día 12 mediante la suscripción de un acuerdo según el cual se establece el compromiso de trabajar por erradicar el contrabando de extracción de material estratégico proveniente de Venezuela hacia estas islas; acuerdo que fue suscrito por altas autoridades venezolanas y las más altas autoridades locales de las islas junto a representantes del gobierno de Países Bajos (7). El tránsito aéreo entre Venezuela y las islas fue habilitado el lunes 15 de enero (8).

Llegando a las postrimerías de estas notas consideramos oportuno señalar que la aseveración contenida en su título referente a que los gobiernos de Curazao, Aruba y Bonaire son tres tristes peones del imperio norteamericano, tiene firme asidero en una publicación del departamento de estado gringo referida por Eva Golinger (9), que clasificaba a las islas holandesas, Curazao, Aruba y Bonaire como “La Tercera Frontera de los Estados Unidos”, señalándolas además como parte de la “frontera geopolítica de los Estados Unidos” en la región. Clasificación que no hemos visto que haya sido objetada ni por los gobiernos locales de dichas islas ni por su gobierno metropolitano.

Hemos dicho también que los ingratos gobiernos de Curazao, Aruba y Bonaire, no habiendo recibido más que ayudas y tratos deferentes del gobierno y el pueblo revolucionario, están al servicio del imperio en su guerra contra Venezuela, por las siguientes razones:

·         Las bases militares gringas establecidas en Curazao (Hato Rey) y Reina Beatriz (Aruba) que con tanta vehemencia han defendido algunas autoridades de estas islas y han tolerado todas, aunque hasta ahora sólo han desempeñado tareas de monitoreo y vigilancia, motivo por el cual sus aviones espías han violado repetidas veces nuestro espacio aéreo, forman parte fundamental del dispositivo invasor del Comando Sur, como lo declara de manera expresa el octavo de los objetivos de aquel documento cuyo título en inglés es: “Venezuela Freedom-2 Operation - Phase preceding - Executive summary. 25.2016, February/Admiral Kurt W. Tidd, Commander U.S. Southern Command (SOUTHCOM)” (10), analizado por nosotros en tantos artículos.
·         Es harto conocido que una inmensa cantidad del cobre venezolano cuyo ingreso de contrabando tanto a Aruba como a Curazao ha contado con la anuencia de sus respectivos gobiernos, procede de líneas eléctricas y de comunicaciones saboteadas en el estado Falcón por delincuentes al servicio de la contrarrevolución venezolana, que luego las negocian con las redes de contrabandistas que se encargan de su transporte a esas islas.
·         Se han ofrecido declaraciones altamente ofensivas al gentilicio venezolano y destinadas a reforzar la matriz mediática generada por el imperio en contra del país, como unas de la actual gobernadora de Curazao, Lucille George-Wout, de que son los venezolanos los que han traído la delincuencia y la prostitución a la isla, cuando es harto conocido el lamentable historial de ese país en materia de trata de personas, desde hace décadas, tal como lo reconoce Diego Beltrand Director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones de la América del Sur en un texto sobre el tráfico de personas (11).
·         Se han emitido noticias destinadas a ser replicadas por la canalla mediática internacional para tratar de sustentar una supuesta crisis humanitaria en Venezuela que estaría obligando a los venezolanos a salir de su país rumbo a las islas en embarcaciones muy precarias, aun con riego inminente de sus vidas; tal como una generada por los medios curazoleños “Z-86 Radio” y “Noticias Curazao”, replicada por muchísimos medios internacionales adversos a la revolución bolivariana, el diario ABC de España entre ellos (12),  en la cual califican de “balseros”, al igual que lo hacían con aquellas personas que abandonaban Cuba en balsas, bajo la promesa de aplicación de la criminal ley gringa del “Ajuste Cubano”, a cuatro personas presuntamente venezolanas que murieron ahogadas a consecuencia del naufragio de una embarcación de un tipo muy común en Venezuela, perfectamente hábil para hacer una travesía tan corta, con diez personas a bordo, como parece ser el caso.
·         Se ha recibido de manera deferente, por decir los menos, a fugitivos de la justicia venezolana que han abandonado el país de manera ilegal, haciendo la travesía de las costas de Falcón a cualquiera de las islas, como es el caso de Luisa Marvelia Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, quien fuese recibida por las autoridades de Aruba durante el mes de agosto del pasado año, permitiéndole continuar su viaje a Colombia en compañía de otras personas de su entorno también solicitadas por las autoridades venezolanas (13).

Lamentablemente, como lo previsible es que persistan en su conducta permisiva de las acciones delictivas de quienes están desangrando a Venezuela, incumpliendo cínicamente los acuerdos suscritos, como tantas veces lo ha hecho el gobierno forajido colombiano, se trata entonces de extremar las acciones de resguardo de nuestras costas y estar prestos a cerrarles de nuevo las fronteras, que es al parecer una de las pocas medidas no violentas capaces de disuadirlos.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

(1)    Simón Bolívar, Obras Completas, Volumen I/Librería Piñango-Impreso por Gráfica Moderna/página 867



celippor@gmail.com

Caracas, enero 18 de 2018

jueves, 11 de enero de 2018

El imperio pretende invadir a Venezuela con la invitación de la contra
Carlos E. Lippo

“Toda traición es indigna y bárbara”
Voltaire



Desde que José Antonio Páez, héroe de la guerra de independencia librada contra el imperio español en los inicios del siglo XIX, solicitase en el año 1848 una intervención militar de los EEUU que le devolviese el poder político que se sabía incapaz de recuperar legítimamente por sus propios medios, no han sido pocos los connacionales miembros de algunas de nuestras oligarquías que han hecho igual solicitud al imperio norteamericano o a algunas de las potencias europeas, para la mayor vergüenza de nuestro gentilicio.

Es el caso que Páez, quien había traicionado alevosamente al Libertador en medio de su crisis terminal de salud en 1830, después de su rompimiento con el presidente José Tadeo Monagas quiso desatar la guerra civil, pero como no estaba en condiciones de hacerlo se prestó para ser el instrumento político-militar de los EEUU, en sus rivalidades con la Gran Bretaña por el dominio de Venezuela (1); en concreto, en carta dirigida a Benjamín Shields, encargado de negocios en Venezuela, suscrita por uno de sus lugartenientes, solicitó la ayuda norteamericana para invadir a su propio país y propiciar la intervención de los EEUU en los asuntos internos de Venezuela.

Pero no terminó con esto el lamentable y vergonzoso episodio entreguista del otrora prócer independentista, ya que posteriormente, por medio de su secretario y representante Hermenegildo García, solicitó ayuda para invadir a Venezuela al mismísimo reino de España, en carta dirigida al gobernador colonial de Puerto Rico Juan Pezuela y Ceballos. La respuesta del funcionario colonial arroja un terrible baldón sobre el patético peticionario, al señalarle que su deberes “lo obligan a no mezclarse en las disensiones que afligen a ese país desventurado desde que sus naturales se rebelaron contra el gobierno de los Reyes que por tanto tiempo los había hecho felices” (2).

Años más tarde, en 1861, en medio de aquella formidable y traicionada insurrección popular que inició Ezequiel Zamora, “General del Pueblo Soberano”, al calor de sus incendiarias consignas de: “Horror a la oligarquía”, “Tierra y hombres libres”; y “La tierra es de todos”, un grupo de oligarcas viejos y nuevos a la cabeza de los cuales se encontraba el diplomático Pedro Gual, suscriben una carta dirigida a la reina Victoria solicitando la intervención militar de Inglaterra en Venezuela; pero como si esto no fuera de por sí suficientemente grave, con la mayor impudicia le ofrecen entregarle todo el territorio de la Guayana venezolana situada al sur del río Orinoco, como una forma de estimularle su proverbial apetito colonial (3).

Probablemente más conocidos por ser de más reciente data, son los casos del banquero Manuel Antonio Matos, cabecilla de la mal llamada “Revolución Libertadora” (1901-1903) que pretendía defenestrar al presidente Cipriano Castro, con el financiamiento mayoritario de la New York & Bermúdez Co., subsidiaria de la General Asfalt de Filadefia y la comprobada anuencia y complicidad del gobierno estadounidense, como se demuestra por su ruptura de relaciones diplomáticas con el país, a propósito del caso (4); así como el de Juan Vicente Gómez, que al solicitar el apoyo del imperio para perpetrar su golpe de estado en contra de Cipriano Castro en diciembre de 1908, fue auxiliado por los buques de guerra estadounidenses USS North Carolina, USS Maine y USS Dolphin, que con apoyo británico y francés impidieron el ingreso a aguas jurisdiccionales venezolanas del vapor Guadalupe, a bordo del cual pretendía regresar el legítimo presidente Castro (5).

Otro caso que en verdad no puede menos que generar una gran pena ajena es el del todavía llamado por algunos de sus acólitos “padre de la democracia venezolana”, Rómulo Betancourt Bello, quien fue el primer presidente de la era de la supuesta democracia representativa vivida por nuestro país entre 1958 y 1998, previo al advenimiento de la revolución bolivariana. Dado que para las segundas elecciones de esa era, a celebrarse el 1° de diciembre de 1963 el partido de Betancourt (Acción Democrática) se encontraba en inminente riesgo real de perderlas por haberse dividido dos veces y por el llamado de la izquierda revolucionaria a la abstención, este apóstol de la “democracia made in USA”, sin pudicia alguna concertó con el imperio una invasión militar de sus propias fuerzas junto a las de los otros países bolivarianos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), que tendría lugar en caso de producirse tal eventualidad. El dispositivo invasor al que se dio el nombre de “Operación América”, concebido como una extensión de las Maniobras Navales UNITAS IV, celebradas en el Caribe colombiano, a escasos 200 km. de la línea fronteriza con Venezuela, ha sido descrito de forma magistral por el Profesor Simón Sáez Mérida, autor del libro “La Cara oculta de Rómulo Betancourt: El proyecto invasor de Venezuela por tropas norteamericanas”, citado como referencia para algunos de los hechos anteriormente señalados.

El primero de los nacionales vendepatria en solicitar la intervención militar del imperio en la era de la revolución bolivariana fue el general Raúl Salazar, egresado de la Escuela de las Américas, antiguo agregado militar de la embajada venezolana en Washington y primer Ministro de Defensa del Comandante Chávez, quien lo hiciese en ocasión de la crisis generada por el deslave de la cadena montañosa del Guaraira Repano, que modificase de manera irreversible toda la topografía del estado Vargas, a causa de las extremadamente intensas lluvias caídas en la región el 15 de diciembre de 1999, día en el que se celebraba el referendo de aprobación de la nueva Constitución Nacional, haciéndolo de manera absolutamente inconsulta y prevalido de su elevada posición (6). Muy cerca estuvimos en esa oportunidad de ser invadidos por el imperio con la excusa de prestarnos una supuesta asistencia humanitaria, labor que fue satisfactoriamente ejecutada por la Armada venezolana y los diversos organismos nacionales de protección civil de la época.

No alargaremos innecesariamente estas notas haciendo mención a la caterva de miembros de la contrarrevolución que hasta han salido de nuestras fronteras para ir a solicitar personalmente una intervención armada del imperio en nuestro país durante los últimos años, ya que la canalla mediática nacional e internacional ha sido en extremo pródiga en la reseña de sus patéticos periplos y petitorios. Nos referiremos si a la solicitud hecha por el venezolano (¡?) Ricardo Hausmann, “reputado” profesor de ese conocido criadero de agentes de la CIA que es la Kennedy School de la Universidad de Harvard, en la que también es “destacado” profesor, según la Wikipedia,  ese personajillo felón que recientemente fuese presidente de Méjico de nombre Felipe Calderón (7).  

En un artículo fechado el 3 de enero del presente año (8) el “destacado profesor”, basándose en una argumentación harto falaz y en extremo deficiente, hasta para un estudiante de pregrado en economía de cualquier universidad latinoamericana de mediana categoría, presenta su propuesta-petitorio en los siguientes términos: “… si se trata de soluciones, por qué no considerar la siguiente: la Asamblea Nacional podría destituir a Maduro y al narcotraficante de su vicepresidente, Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC y a quien el gobierno estadounidense le ha embargado más de US$ 500 millones. Dado este vacío de poder, la Asamblea, nombraría de forma constitucional a un nuevo gobierno, el que a su vez podría solicitar asistencia militar a una coalición de países amigos, entre ellos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Esta fuerza liberaría a Venezuela de la misma forma en que canadienses, australianos, británicos y estadounidenses liberaron a Europa en 1944-1945. Más cerca de casa, esto sería semejante a la liberación de Panamá de la opresión de Manuel Noriega por parte de Estados Unidos, la que marcó el inicio de su democracia y del crecimiento económico más rápido de América Latina”. ¡Resulta prácticamente imposible hacer gala de mayor servilismo para hacer tan impúdica petición; los propios Departamentos de Estado y de Defensa del imperio han debido sentirse incómodos ante tamaña apología de una de sus más cruentas intervenciones!

Y continúa este genio de la política y la ciencia económica, como si estuviese inventando la pólvora, señalando: “De acuerdo al derecho internacional, nada de esto requeriría la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (que Rusia y China podrían vetar), puesto que la fuerza militar sería invitada por un gobierno legítimo en busca de apoyo para defender la constitución de su país”.

No resulta ocioso el decir que la propuesta en cuestión, en lo atinente a la defenestración simultánea de presidente y vicepresidente de la república, como tantas veces ha intentado hacer infructuosamente la Asamblea Nacional opositora, actualmente inhabilitada por desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es absolutamente inconstitucional, tal como lo han reconocido públicamente, por primera vez y de manera expresa, conocidos líderes opositores tales como: Juan Manuel Raffalli, Maruja Tarre y Colette Capriles (9); siendo oportuno señalar que la última de las citadas es una reputada politóloga, docente de la Universidad Simón Bolívar, asesora de la Mesa de la Unidad Democrática y que ha sido integrante de la comisión de representantes de la sociedad civil encargados de asesorar a la oposición política en las reuniones con el gobierno nacional en República Dominicana, en diciembre de 2017.

No deja de sorprender la forma como algunos conocidos opositores han criticado duramente la propuesta-petitorio de Hausmann, a través de sus cuentas Twitter, en especial Colette Capriles (@cocap)
y el profesor José Luis Fernández Shaw (@La Divina Diva). La profesora Capriles lo hace con unas frases tan lapidarias que yo no tendría el más mínimo reparo en hacerlas mías: “Violar dignamente la Constitución, imponer dignamente un gobierno de los dignos y suplicar dignamente una intervención militar. Todo es posible en el reino de la dignidad”; y el profesor Fernández, con lo que a mi juicio debería ser parte de la sentencia de un juicio que se le siguiese por traición a la patria: “Las declaraciones de Hausmann son inaceptables. Si yo fuera diputada de la Asamblea Nacional solicitaría una investigación y se consideraría retirarle la nacionalidad”.

Ya casi para terminar considero necesario decir que la propuesta de Hausmann carece totalmente de originalidad pues según ella se trataría de repetir, casi al calco, lo hecho por aquel Consejo Nacional de Transición de Libia, que establecido en Bengasi en marzo de 2012, solicitó la invasión del imperio con la excusa de defender los derechos humanos de los libios, logrando controlar parte de la ciudad hasta que fue consumada la terrible intervención de las fuerzas armadas de la OTAN.
Si hemos hecho de su consideración y análisis el objetivo central de estas notas ha sido por las siguientes razones:

·         Siendo la Kennedy School de Harvard, a cuya nómina pertenece Hausmann desde hace muchos años, un conocido centro para el reclutamiento de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EEUU, entre aquellos alumnos escogidos por sus profesores, es más que presumible que la planificación actual de esa agencia para la pretendida intervención militar sobre Venezuela pase por la generación de un escenario de esta naturaleza, descrito ya por nosotros en una media docena de artículos anteriores.
·         La inusitada reacción adversa que ha generado la propuesta en el seno de lo que podríamos llamar el liderazgo académico de la MUD, que por primera vez en estos casi 19 años de revolución se ha atrevido a manifestarse en contra de la intervención militar imperial, cualesquiera que sean las causas que la hayan motivado, y así se encuentre entre ellas su convicción de que las tales “bombas inteligentes gringas” no lo son tanto como para poder discriminar entre chavistas y  opositores, nos da pie para especular que existe un sector de la oposición que está decididamente en contra de la intervención militar extranjera, siendo tarea perentoria el tratar de identificarlo y caracterizarlo en detalle.

Ya para finalizar y con base en la consideración anterior, queremos reiterar una propuesta una propuesta formulada hace ya tiempo en un artículo titulado: “¡A mirarnos en el espejo de Siria!”  (10), consistente en intentar la incorporación de sectores de oposición a las tareas de defensa de la soberanía nacional, por más difícil que ello pueda resultar, ya que lo que está en juego es la integridad de la patria.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

(1)    “La cara oculta de Rómulo Betancourt”, Simón Sáez Mérida, Fondo Editorial Al Margen, Caracas diciembre de 1997, página 52.
(2)    Ibidem (1), página 54.
(3)    Ibidem (1), páginas 55 y 56.



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Caracas, enero 11 de 2018